Juliaca, 08 de julio 2026 – El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra cuatro funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de San Román, investigados por integrar una presunta organización criminal dedicada a favorecer a conductores sancionados a cambio de pagos ilícitos.
La medida fue dictada a solicitud del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, que investiga una presunta red de corrupción que habría operado desde la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la comuna juliaqueña.
Los investigados que cumplirán prisión preventiva son Hardy Meyer Quispe L., gerente de Transportes y Seguridad Vial; Edwerson William Pacori P., exsubgerente de Circulación, Seguridad Vial e Inspección; Alberth Aguirre C., exjefe del Departamento de Fiscalización; y Yony Apaza J., subgerente de Regulación de Transporte de Vehículos Menores.
En la misma resolución, el Poder Judicial dispuso comparecencia con restricciones para el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Óscar C. R.; Victoria Onofre M., exsecretaria de la Gerencia de Transportes; Jhordan Tintaya L., trabajador de seguridad de dicha gerencia; y Alex Álvarez C., investigado en calidad de particular.
La investigación, dirigida por el fiscal provincial Arturo Saúl Zirena Asencio, comprende los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Según la hipótesis fiscal, la organización habría estado conformada por funcionarios, servidores públicos y particulares que utilizaban sus cargos para solicitar y recibir pagos indebidos de conductores sancionados por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, principalmente por faltas M1, M2 y M3.
A cambio de sumas que oscilaban entre 500 y 5 000 soles, presuntamente evitaban registrar las papeletas en el Sistema Nacional de Sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anulaban infracciones o autorizaban la liberación de vehículos retenidos sin cumplir el procedimiento legal.
Las investigaciones también establecen que cada integrante de la presunta organización cumplía funciones específicas dentro de la estructura, actuando de manera coordinada para mantener el funcionamiento del esquema ilícito.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía identificó 480 expedientes administrativos relacionados con papeletas de tránsito en los que se habrían detectado presuntas irregularidades.
Además de los principales investigados, el caso alcanza a 480 conductores que son investigados por el presunto delito de cohecho activo genérico, por lo que el proceso comprende aproximadamente 490 personas, cifra que podría incrementarse conforme avancen las investigaciones.
Las autoridades precisaron que la investigación continúa y será el desarrollo del proceso judicial el que determine las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.