Puno, 14 de agosto 2026 – Dos agentes de la Policía Nacional y un civil fueron detenidos en el centro poblado La Rinconada, provincia de San Antonio de Putina, tras ser señalados por presuntamente exigir dinero a dos ciudadanos a cambio de evitar una investigación por supuestos delitos de tenencia ilegal de armas y suplantación de autoridad.
La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, que investiga el presunto cobro de una coima de S/ 1,000. Los detenidos fueron identificados como el brigadier PNP Estanislao Roberto Condori Cuba, el suboficial de segunda PNP Willian Uriel Álvarez Mayta y el civil Juan Berríos Quispe, quienes permanecen detenidos mientras avanzan las diligencias fiscales.
Según la denuncia, el hecho se habría iniciado la noche del 11 de agosto, cuando Héctor Condori Greta, su hermano y un amigo fueron intervenidos mientras transitaban por la avenida Venezuela, en La Rinconada. Al no portar documentos de identidad, fueron trasladados a la dependencia policial para realizar el control correspondiente.
De acuerdo con el relato de los denunciantes, durante su permanencia en la comisaría los agentes habrían solicitado las claves de sus teléfonos celulares y revisado sus contenidos, incluyendo fotografías y conversaciones, sin que los intervenidos contaran con una orden judicial para dicha revisión.
ACUSACIONES QUE HABRÍAN SIDO UTILIZADAS PARA EXIGIR DINERO
Durante la revisión de uno de los teléfonos se habría encontrado una imagen de un objeto con apariencia de arma, que posteriormente habría sido identificado por el denunciante como un encendedor. Según su declaración, uno de los policías habría eliminado la imagen y le habría manifestado que lo estaba “ayudando”.
En otro dispositivo se habría encontrado una imagen de una placa policial aparentemente modificada mediante inteligencia artificial, además de una fotografía relacionada con un chaleco de seguridad. Estos elementos habrían sido utilizados para advertir a los intervenidos sobre una eventual investigación por tenencia ilegal de armas y suplantación de autoridad.
Los denunciantes sostienen que los policías les habrían señalado que podían enfrentar una condena de varios años de prisión y posteriormente les habrían planteado una salida económica.
La suma inicialmente exigida habría ascendido a S/ 1,000. Ante la presión, uno de los intervenidos habría ofrecido S/ 100 para cada agente, propuesta que habría sido rechazada. Posteriormente se habría planteado entregar S/ 400, pero la negociación continuó hasta alcanzar un pago parcial de S/ 500.
S/ 500 HABRÍAN SIDO TRANSFERIDOS POR YAPE
Según la investigación fiscal, uno de los ciudadanos realizó una transferencia de S/ 500 mediante Yape a favor del vigilante Juan Berríos Quispe. Para cubrir la diferencia del monto solicitado, los denunciantes habrían dejado un teléfono celular como garantía.
La Fiscalía Anticorrupción también estaría verificando las comunicaciones entre los policías y el vigilante durante la noche de los hechos, debido a que uno de los agentes habría mantenido contacto con el civil poco después de la intervención, elemento que podría resultar relevante para determinar una eventual coordinación del presunto cobro.
Los policías investigados habrían reconocido haber trasladado a los ciudadanos hasta la comisaría, pero sostendrían que posteriormente fueron liberados sin exigirles dinero. La Fiscalía, sin embargo, continúa recopilando elementos de convicción para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los intervenidos.
Los tres permanecen en la carceleta de Puno mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias. La Fiscalía evalúa solicitar prisión preventiva por el presunto delito de cohecho pasivo, en el marco de la investigación por el supuesto cobro de dinero a los ciudadanos.