Puno, 14 de agosto 2026 – El alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, y otros seis investigados afrontarán en libertad la investigación del denominado caso “Los Mandachitos de la Corrupción”, luego de que la jueza María Candelaria Morales Segura declarara infundado el pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público.
La decisión fue emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, tras varias sesiones de audiencia en las que la Fiscalía y las defensas expusieron sus argumentos.
Según la tesis fiscal, los investigados estarían vinculados a una presunta organización criminal que habría operado desde la Municipalidad Provincial de Puno para solicitar dádivas a cambio de favorecer a conductores mediante la anulación de papeletas y facilitar el retiro de vehículos internados en el depósito municipal.
Sin embargo, la magistrada Morales Segura consideró que, en el estado actual de la investigación, no se cuentan con graves y fundados elementos de convicción con la intensidad requerida para imponer la medida más severa de coerción procesal.
La decisión también alcanza a Danny Helberth Guerra Bueno, Fredy Gallegos Flores, Jean Quispe P., Eva Mamani Ch., Alan Murillo L. y Jonathan Guerra M., quienes deberán afrontar el proceso bajo comparecencia con restricciones.
Entre las principales reglas impuestas se encuentra la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial y de salir de la región Puno sin permiso del juzgado. También deberán cumplir un control biométrico mensual y tienen restringido comunicarse con testigos y peritos vinculados con la investigación.
Además, cada uno deberá pagar una caución económica de 5 mil soles dentro de un plazo de 72 horas. La medida tendrá una vigencia máxima de 24 meses, mientras continúe el proceso judicial.
El juzgado advirtió que el incumplimiento de las reglas podría permitir al Ministerio Público solicitar el cambio de la medida por otra de mayor intensidad, incluida una eventual prisión preventiva, solicitud que tendría que ser nuevamente evaluada judicialmente.
La investigación fiscal continuará con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales. Por su parte, el fiscal Arturo Zirena anunció que apelará la decisión que rechazó la prisión preventiva.