Puno, 29 de mayo 2026 – La fiscal de Prevención del Delito, Milagros Coaquira, defendió la intervención que terminó con el decomiso y posterior destrucción de más de media tonelada de trucha en la ciudad de Puno, argumentando que el producto era transportado en condiciones sanitarias inadecuadas y sin la documentación que acreditara su procedencia legal al momento de la intervención.
La magistrada explicó que el operativo se desarrolló desde las cuatro de la mañana en coordinación con Sanipes y la Dirección Regional de la Producción (Direpro), como parte de acciones orientadas a prevenir delitos relacionados con la salud pública y el comercio clandestino.
Según detalló, durante la intervención a una combi se detectó que las truchas eran trasladadas sin cadena de frío y en condiciones que, a criterio de las entidades técnicas participantes, no garantizaban su aptitud para el consumo humano.
“Se concluyó que estos recursos hidrobiológicos no resultaban aptos para el consumo humano por las condiciones en las cuales estaban siendo transportados”, señaló.
La fiscal sostuvo que la disposición final del producto se realizó sobre la base de informes técnicos emitidos por Sanipes y Direpro, entidades que determinaron que el pescado no cumplía las condiciones sanitarias necesarias para ser comercializado.
No obstante, durante los últimos días los comerciantes afectados cuestionaron la intervención, señalando que inicialmente la observación realizada por las autoridades estaba relacionada con la falta de documentación y no con las condiciones sanitarias del producto.
Sobre este punto, Coaquira indicó que al momento de la intervención no se presentó ninguna guía de remisión, certificado o documento que acreditara la trazabilidad legal de la mercadería.Asimismo, señaló que posteriormente sí se presentó documentación, aunque aseguró que esta tampoco habría permitido acreditar adecuadamente la procedencia del recurso hidrobiológico.La representante del Ministerio Público rechazó además las críticas de los comerciantes respecto al procedimiento seguido durante el operativo y descartó que haya existido alguna irregularidad en el traslado y disposición del producto decomisado.Sin embargo, los comerciantes y sus representantes legales continúan cuestionando la medida, argumentando que las más de 500 kilos de trucha destruidos pudieron haber sido destinados a programas sociales, comedores populares, albergues o centros de atención para personas vulnerables, en lugar de ser desechados.El caso ha generado debate entre comerciantes, autoridades y la población puneña, principalmente por el destino final de los productos incautados y por los criterios aplicados para determinar que no eran aptos para el consumo humano.