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Yunguyo – Entre lágrimas de impotencia, Ismael Quispe Arocutipa denunció públicamente que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yunguyo (EMAPA) le adeuda 18 meses de haberes, a pesar de continuar laborando en la entidad tras una reposición judicial emitida en noviembre de 2023.
Quispe Arocutipa relató que desde marzo de 2024 no percibe sueldo alguno, pese a cumplir con sus funciones en la empresa. Indicó que el gerente de EMAPA Yunguyo, Elvis Larico Ajata, le comunicó que no figura en el presupuesto, motivo por el cual no se le remunera.
“Yo tengo una familia, dos hijos pequeños y mi esposa. No hay de dónde sostenernos. Trabajo todos los días y aun así no me pagan. Solo pido que me den lo que me corresponde”, expresó con la voz entrecortada.
El trabajador también denunció hostigamiento laboral, pues a pesar de haber ingresado como técnico, se le obliga a realizar labores de obrero sin los implementos de seguridad necesarios. “Nos mandan a abrir zanjas sin herramientas ni equipos de protección. Hemos tenido que llevar picos y palas de nuestras casas. Encima nos hacen actas falsas, con firmas de personas fallecidas, para acusarnos de no trabajar”, relató.
Por su parte, el abogado Jorge Grageda, representante legal de Ismael Quispe, informó que existen otros dos trabajadores en la misma situación y que se han iniciado procesos judiciales por falsificación de documentos, falsedad ideológica y delitos contra la libertad de trabajo. Denunció además que algunos expedientes han desaparecido misteriosamente en la Policía Nacional y el Ministerio Público de Puno.
“Se elaboraron memoriales con firmas de personas fallecidas y de ciudadanos que ni siquiera son de Yunguyo. Eso evidencia la falsificación de documentos en contra de mi patrocinado. Pese a las denuncias, los procesos se extravían en las instancias correspondientes”, explicó.
El abogado recordó que tanto Quispe Arocutipa como su compañero Jaime Huancahuanca lograron sentencias favorables del Poder Judicial, ratificadas incluso por la Corte Suprema, que ordenaron su reincorporación. Sin embargo, persiste el incumplimiento en el pago de haberes.
Finalmente, Grageda advirtió que la vida de los trabajadores corre riesgo por las condiciones en las que desempeñan sus labores. “No reciben equipos de seguridad, trabajan en zanjas con herramientas prestadas, lo que es un atentado contra su integridad”, señaló.