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Puno, 31 de julio del 2025 –El pago del alquiler del local donde actualmente funciona el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Puno continúa suspendido debido a la falta de representación legal conjunta por parte de los tres copropietarios del inmueble: los obispados de Juli, Ayaviri y Sicuani. Así lo confirmó el procurador del Gobierno Regional de Puno, Ivan Zantalla Prieto, quien detalló que la situación genera perjuicio para el funcionamiento del colegio y mantiene congelados más de 600 mil soles asignados por el Ministerio de Educación para dicho fin.
Según explicó, el problema se originó porque el obispo de Juli, Monseñor Ciro Quispe, quien anteriormente tenía poder para representar a los tres obispados, ya no cuenta con una vigencia legal para tal atribución. Pese a ello, inició trámites para ampliar el contrato de alquiler y, ante la negativa del Gobierno Regional de firmar sin respaldo legal, interpuso una solicitud de conciliación para el desalojo del COAR. Posteriormente, esta acción fue modificada y se solicitó únicamente el pago de la deuda acumulada desde enero de este año.
“La entidad pública no puede disponer de fondos sin la participación legal de los tres propietarios o de un representante con poder vigente. Se ha pedido reiteradamente que regularicen esa situación, pero hasta la fecha no hay respuesta formal”, sostuvo el Zantalla Prieto.
Además, se reveló que el local presenta diversas deficiencias en su infraestructura, especialmente en los servicios higiénicos, debido al incremento de la población estudiantil. Por ello, se planteó que parte del alquiler —que se propuso aumentar de S/35 mil a S/50 mil mensuales— se destine también a refacciones.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El pasado viernes, el fiscal anticorrupción William Otazú encabezó una intervención en la sede del Gobierno Regional de Puno para verificar la situación de los fondos asignados al COAR. El Ministerio Público indaga una denuncia por presunto cohecho, presuntamente relacionada con un intento de cobro indebido.
“El dinero existe, está en las cuentas del Ministerio de Educación y bajo administración de la Dirección Regional de Educación de Puno. Se ha corroborado que los fondos no han sido utilizados. La investigación por cohecho sigue su curso y está en manos de la Procuraduría Anticorrupción”, informó el fiscal Otazú a los medios.
Mientras tanto, el pago por el alquiler sigue detenido hasta que los tres obispos acuerden formalmente un nuevo contrato o designen un representante legal común. Cualquier decisión futura, según el Procurador, dependerá de ese paso clave para garantizar seguridad jurídica y la continuidad del funcionamiento del COAR.