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Puno, 01 de marzo 2026 – Un grupo de padres y madres de familia cuyos hijos fueron compañeros de Samantha en la IEP 7023 Miraflores, en la ciudad de Puno, se sumó al pedido de justicia y aseguró que desde el año 2024 ya se habían advertido señales de presuntos maltratos contra la menor.
Durante un pronunciamiento público, Zenaida Salas y Ubaldo Ccalla, junto a otros padres del aula, señalaron que cuando la niña cursaba estudios en dicha institución se detectaron indicios preocupantes en su comportamiento y en su estado físico.
“Desde el 2024 ya habíamos notado un comportamiento anómalo en la niña. En las clases de educación física los compañeros veían moretones en sus piernas y brazos. No era algo normal”, indicó uno de los padres.
Según relataron, los hechos fueron comunicados inicialmente a la presidenta del aula y posteriormente al presidente de la APAFA, quien trasladó la preocupación a la dirección del plantel. A raíz de ello, el caso fue puesto en conocimiento de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna), instancia que —según afirmaron— habría iniciado un seguimiento.
“Nos dijeron que la Demuna estaba haciendo seguimiento. Luego la madre hizo el traslado de la niña a otra institución y ya no supimos más hasta ahora”, expresaron.
PRESUNTO MALTRATO EN EL HOGAR
Los padres señalaron que, en conversaciones con la menor, ella habría manifestado que sufría agresiones en el hogar. “A veces decía que era su padrastro, otras veces que era su padre. No había una versión exacta, pero sí decía que era maltratada”, indicaron.
Así mismo, recordaron un episodio en el que la niña se habría negado a regresar a su vivienda. Según el testimonio, llamaron al Serenazgo, pero no acudió ninguna unidad. Tras insistentes llamadas, la madre llegó al lugar y finalmente se llevó a la menor.
“En una reunión posterior, la madre apareció con su suegra y nos acusó de haber retenido a la niña, cuando era ella quien no quería ir a su casa”, señalaron.
También afirmaron que la madre no asistía con regularidad a reuniones escolares y que la menor, en varias ocasiones, no contaba con útiles, por lo que algunas madres organizaban colectas para apoyarla.
CUESTIONAN ACTUAR DE AUTORIDADES
En 2025, según información proporcionada por la dirección del plantel, la menor habría sido trasladada a otra institución educativa, presuntamente a la I.E. José Antonio Encinas. Sin embargo, los padres cuestionaron que no se haya alertado oportunamente sobre su inasistencia escolar.
“Un niño no puede faltar todo un año y que nadie informe. ¿Dónde estuvo la institución? ¿Dónde estuvo la UGEL? ¿Dónde estuvo la Demuna?”, cuestionaron.
Los padres exigieron que el Ministerio Público acelere las investigaciones y determine responsabilidades no solo en el entorno familiar, sino también en las instancias que tuvieron conocimiento previo del caso.
“Han pasado dos años desde que se alertó y hoy nos enteramos de esta manera. No puede quedar impune”, señalaron al sumarse al pedido de justicia para Samantha.