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Puno, 25 de julio 2025 – Esta tarde, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realizó una diligencia en la Gerencia General del Gobierno Regional de Puno, como parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada por el obispo de la diócesis de Juli, Monseñor Ciro Quispe, por presunto delito de cohecho contra el gerente general Óscar Macedo Cárdenas.
La intervención, encabezada por el fiscal William Otazú, se extendió por cerca de una hora y tuvo como objetivo recabar documentación y verificar los procedimientos administrativos relacionados con el alquiler del local, en Chucuito, donde actualmente funciona el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Puno. Durante la diligencia, estuvo presente la abogada del clérigo denunciante.
Tras la intervención, Macedo Cárdenas negó categóricamente las acusaciones de cohecho y malversación de fondos. Afirmó que los S/600 mil transferidos por el Ministerio de Educación no han sido modificados ni desviados, y permanecen íntegros en la Dirección Regional de Educación, entidad que posee autonomía en su ejecución presupuestal.
«La denuncia no tiene sustento. No hemos transferido recursos porque no existe un representante legal vigente de los copropietarios del predio. Hemos solicitado formalmente la designación de uno, pero no hay respuesta”, declaró el gerente general. Agregó que la propuesta de pago de S/40 mil por el alquiler fue planteada por los propios padres de familia, no por su gestión.
Asi mismo, señaló que la denuncia responde a un intento de presión por parte del obispo Quispe, a quien acusó de buscar forzar una suscripción de convenio sin contar con legitimidad legal. “Mientras actuemos con legalidad y transparencia, no tememos ninguna denuncia calumniosa. Nos defenderemos en todas las instancias necesarias”, sostuvo Macedo Cárdenas.
El Ministerio Público evaluará la documentación recabada y definirá la calificación legal del caso en los próximos días.