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Juliaca, 03 de noviembre 2025 – La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno realizó ayer una diligencia en la Municipalidad Provincial de San Román, tras la difusión de un reportaje periodístico que señala al regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda por presuntamente exigir pagos irregulares durante la ejecución de obras viales en Juliaca.
El fiscal a cargo, William Otazú, informó que la intervención se ejecutó de oficio luego de que los medios de comunicación revelaran indicios de un posible delito de cohecho. Señaló que, debido a que los regidores son considerados funcionarios públicos conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, la competencia recae en su despacho.
Otazú precisó que se ha iniciado una investigación preliminar por un plazo de 60 días, durante los cuales se realizarán actos urgentes de corroboración, acopio de documentación y declaraciones. Agregó que la diligencia incluyó la recopilación de información en la Secretaría General y que no se descarta requerir documentación en otras áreas, como la Gerencia de Infraestructura.
“El Ministerio Público tiene la obligación constitucional de actuar de oficio. No ha ingresado ninguna denuncia formal a mesa de partes, pero ante la propagación mediática corresponde iniciar diligencias inmediatas”, sostuvo.
El fiscal indicó que, de momento, la investigación se ha calificado como presunto cohecho, aunque no se descarta que, durante el proceso, puedan identificarse otras figuras penales vinculadas a delitos contra la administración pública. También adelantó que, si la evidencia confirma lo denunciado, el caso podría escalar hacia etapas posteriores como la formalización o una eventual acusación.
La intervención fiscal se desarrolló con apoyo de la Policía Especializada, en un procedimiento que, según señaló Otazú, apunta a determinar si existen más personas involucradas además del regidor.
En paralelo, el alcalde provincial de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez, remitió el oficio 803-2025-MPSR-J/ALCA solicitando a la procuradora municipal, Yaquely Mamani Ñaupa, iniciar acciones legales ante los presuntos actos de corrupción. Señaló que este pedido se formula en cumplimiento del principio de transparencia y la normativa municipal vigente.
El caso está relacionado con la obra de pistas y veredas ejecutada en las urbanizaciones Tambopata I y San Pedro, valorizada en S/ 5 millones 436 mil. Se conocen depósitos por 12 mil soles realizados a la hija y al cuñado del regidor, y se ha señalado que originalmente habría solicitado hasta 500 mil soles.
La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer la presunta red de pagos irregularmente exigidos en la ejecución de esta obra pública en Juliaca.