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San Román, 16 de abril 2026 – El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y dos internos, investigados por su presunta participación en la muerte de un recluso dentro del Establecimiento Penitenciario de Juliaca, un caso que vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad en los centros de reclusión de la región.
La medida alcanza al agente penitenciario Óscar Pineda, quien se desempeñaba como jefe de pabellón, así como a los internos César Rosales y Niurman Calzadilla, este último de nacionalidad venezolana. Los tres son investigados por el presunto delito de tortura agravada con subsecuente muerte en agravio de Flavio Mamani Apaza, hecho ocurrido el pasado 14 de marzo de 2026.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se habría registrado en una celda de aislamiento, donde la víctima se encontraba bajo custodia. En ese contexto, se indaga si el personal encargado permitió el ingreso de otros internos al ambiente, lo que habría facilitado la agresión.
Las pesquisas apuntan a que en dicho espacio se habrían producido actos de violencia que derivaron en la muerte del interno, aunque será el avance de las diligencias el que determine con precisión cómo ocurrieron los hechos y el nivel de responsabilidad de cada implicado.
El juzgado consideró que existen elementos suficientes para dictar la medida coercitiva mientras continúan las investigaciones, con el objetivo de evitar riesgos en el proceso.
Este caso genera preocupación en la ciudadanía y ha reabierto el debate sobre los niveles de control, vigilancia y cumplimiento de protocolos dentro del penal de Juliaca, especialmente en áreas críticas como las celdas de aislamiento.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a ley.