Nacional – La Contraloría General de la República se encuentra en medio de una grave crisis que amenaza la transparencia del manejo de los recursos públicos. En un giro sorprendente de los acontecimientos, se ha revelado que la institución ha despedido a 2,795 trabajadores, incluyendo mujeres embarazadas, lactantes y discapacitados, por falta de presupuesto. Además, se descubrió que la Contraloría contrató ilegalmente a 4,050 auditores, lo que pone en tela de juicio la validez de los informes elaborados por estos especialistas.
La situación se agrava con la negativa de la presidenta Dina Boluarte a reunirse con el actual contralor, César Aguilar, quien advertió que si no se resuelve la crisis presupuestal, la Contraloría podría cerrar sus puertas a finales de mayo, con la pérdida de casi 5,000 auditores de un total de 9,000.
La crisis se desató luego de que el excontralor Nelson Shack, sin la debida certificación presupuestal, contratara a 4,000 nuevos auditores entre enero y junio de 2024. La falta de presupuesto llevó a la actual administración a tomar medidas drásticas, dejando a la institución en manos de trabajadores nombrados que no son especialistas en auditoría.
Este escándalo no solo pone en duda la integridad de la Contraloría, sino que también genera serias preocupaciones sobre la transparencia del gobierno actual.