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Puno, 17 de noviembre 2025 – Una grave agresión contra una niña de 6 años ha causado conmoción e indignación en el centro poblado de Salcedo, en Puno. El hecho ocurrió el jueves 13 de noviembre, cuando la familia abrió la reja de su tienda de abarrotes en horas de la mañana. En ese momento, según el testimonio del padre, una mujer —identificada como Perla Leticia Ramos Vilca (22)— ingresó al local y atacó a la menor con una hoja de afeitar, provocándole un corte en el cuello.
De acuerdo con el relato del progenitor, la agresora habría actuado sin motivo previo. La menor se acercó a la mujer, quien de inmediato la hirió en el cuello. Los gritos de auxilio de la niña y de su hermanito alertaron a la madre. La agresora habría exigido dinero antes de salir del establecimiento, mientras la pequeña sangraba. Al escuchar el alboroto, el padre corrió a auxiliar a su hija y logró reducir a la atacante, sacándola de la tienda.
La menor no solo presenta heridas en el cuello, sino un impacto emocional severo. Según contó su padre, no puede dormir, tiene pesadillas, se niega a comer y ya no quiere asistir a su institución educativa debido al trauma sufrido.
Ayer se realizó la audiencia de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público por un plazo de nueve meses. Sin embargo, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, Máximo Tacuri Robles, rechazó el pedido y dictó comparecencia con restricciones para Ramos Vilca. Argumentó que, según la legislación vigente, la prisión preventiva procede únicamente cuando la pena probable supera los cinco años, considerando beneficios penitenciarios.
El magistrado recordó que el Decreto Legislativo 1585, conocido como Ley Kenji, modificó el Código Penal y permite convertir penas de hasta cinco años de cárcel en penas suspendidas. En ese marco jurídico, el juez dispuso comparecencia con restricciones, prohibiendo a la acusada acercarse a la niña o a su familia, además de imponerle reglas de conducta.
La decisión generó rechazo inmediato entre los familiares y vecinos de la menor, quienes protestaron en los exteriores de la División de Investigación Criminal (Divincri). Un grupo de pobladores advirtió que no permitiría la salida de la acusada del recinto policial.
La madre de la menor, visiblemente afectada, llegó hasta la Divincri tras la audiencia virtual. Entre llantos, cayó de rodillas en la puerta y expresó su indignación: “No hay justicia. ¿Qué le voy a decir a mi hija? El juez no se ha puesto en mis zapatos. Mi niña está traumada, tiene miedo”.
La comunidad exige una revisión de las medidas dictadas y mayor protección para la víctima y su familia.