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Nacional, 04 de diciembre 2025 – Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días en sectores de La Libertad, Madre de Dios y Loreto, ante el incremento de actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la presencia de grupos criminales en áreas de frontera. La medida busca reforzar el control territorial y permitir operaciones más amplias de intervención.
En la provincia de Pataz y en el centro poblado de Chagualito, región La Libertad, las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional. Esta zona ha registrado en los últimos meses un incremento de hechos violentos asociados a la minería ilegal. Como parte de la declaratoria, se dispuso inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz entre las 22:00 y las 05:00 horas.
En Loreto, la medida alcanza a las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, áreas de frontera donde se han identificado rutas de tráfico ilícito, presencia de grupos hostiles y vulnerabilidad en el control fluvial y migratorio. En estos territorios, las Fuerzas Armadas también asumirán el control para reforzar la seguridad y ejecutar acciones de interdicción.
En Madre de Dios, la emergencia se aplica a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, además de Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu. La Policía Nacional tendrá a su cargo el control del orden interno, con apoyo militar. Estas zonas forman parte del corredor donde operan redes dedicadas a la minería y tala ilegal, así como al tráfico de drogas.
Las declaratorias fueron aprobadas durante la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles. Según fuentes del Poder Ejecutivo, el propósito es asegurar una presencia sostenida del Estado en territorios donde las economías ilegales han ganado terreno, y donde las autoridades locales enfrentan limitaciones para contener el avance del crimen organizado.
El Gobierno también dispuso la articulación de acciones multisectoriales mediante comités y comandos especiales que coordinarán operaciones de interdicción, control migratorio y acciones en puestos fronterizos.
La vigencia de la medida será evaluada al término de los 60 días, según los resultados de las intervenciones y la evolución de los riesgos en las zonas declaradas en emergencia.