Javier Zúñiga – javier.zuniga@punosinfiltro.oriz.pe
Puno – Dirigentes y pobladores de la cuenca del río Llallimayo (Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri), exigen al Gobierno central declarar en emergencia ambiental la zona afectada por la contaminación minera, denunciando el incumplimiento de compromisos asumidos desde hace años por el Ejecutivo.
El presidente del Frente de Defensa de la cuenca Llallimayo cuestionó a la presidenta Dina Boluarte, al Consejo de Ministros y a las entidades vinculadas (como OEFA y ANA), a quienes responsabilizó de permitir y encubrir la contaminación progresiva del río desde hace 16 años. Según indicó, la empresa minera Aruntani estaría vertiendo aguas ácidas directamente al afluente, afectando gravemente a la población y al ecosistema.
Los dirigentes recordaron que, en el informe N.º 100-2016, OEFA reconoció que la minera contaminaba la cuenca desde la cabecera. Sin embargo, pese a compromisos firmados en actas durante visitas ministeriales —incluyendo un presupuesto superior a 61 millones de soles para mitigar el daño—, hasta la fecha no se ejecutó ningún proyecto de remediación.
«Desde abril hemos enviado oficios exigiendo el cumplimiento de los compromisos, pero no hemos recibido respuesta efectiva. Inclusive en mayo, durante una inspección con fiscales y autoridades, se constató el vertimiento directo de aguas ácidas a la quebrada Luchusani», denunció el dirigente.
Durante una conferencia de prensa, los representantes de la cuenca exigieron la instalación inmediata de plantas de tratamiento de aguas ácidas y metales pesados, así como la presencia de los titulares de las carteras ministeriales para abordar el tema de manera directa en Ayaviri.
Asimismo, señalaron que los tamizajes de salud realizados por la Red de Salud Melgar evidencian la presencia de metales pesados al 100% en la población evaluada, afectando especialmente a niños y adultos mayores. Sin embargo, criticaron que no se haya implementado un seguimiento real ni programas de atención personalizados, tal como indica la ley.
Finalmente, reiteraron la exigencia de que la declaratoria de emergencia ambiental sea de carácter multisectorial y se ejecute con presupuesto, conforme a la Ley 29664 y su reglamento, para garantizar acciones inmediatas de mitigación, rehabilitación y reparación de los daños.