Puno – La Contraloría General de la República (CGR) determinó responsabilidad penal contra el gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, y los gerentes Oscar Macedo y Jorge Limachi Mozo, por graves irregularidades en la selección del terreno para la construcción del hospital Manuel Núñez Butrón.
Una auditoría (Informe n.° 026, 16 de mayo de 2025) reveló un proceso opaco y presuntamente fraudulento que favoreció un terreno en la avenida El Sol, dejando de lado una opción en Jayllihuaya.
Según el informe, el Programa Nacional de Inversiones en Salud identificó en diciembre de 2023 dos posibles terrenos: la avenida El Sol y Jayllihuaya. En lugar de una evaluación transparente de ambas opciones, el gobierno regional, bajo la gestión de Hancco, contrató dos servicios para subsanar observaciones previas, ambos enfocados exclusivamente en el terreno de la avenida El Sol. Estos contratos, firmados irregularmente por el gerente Jorge Limachi Mozo – quien carecía de la autoridad legal para hacerlo – ignoran completamente las observaciones sobre el terreno en Jayllihuaya.
La CGR señala un posible conflicto de intereses del gerente Oscar Macedo Cárdenas, debido a la cercanía de un terreno de su propiedad al área elegida en la avenida El Sol. El terreno de la avenida El Sol fue seleccionado formalmente el 14 de junio de 2024, meses antes de que el gobierno regional anunciara públicamente que los estudios de factibilidad seguían en curso. Las posteriores declaraciones de Hancco Soncco, atribuyendo las demoras a terceros, son también cuestionadas por la Contraloría.
La auditoría destaca que se contrató a Juliana Aquize el 22 de mayo de 2024 y a María Roca el 3 de junio de 2024 para levantar observaciones únicamente sobre el terreno de la avenida El Sol, a pesar de que las observaciones incluían el terreno en Jayllihuaya. Ambos contratos especificaban el área de la avenida El Sol, dejando fuera a Jayllihuaya. Esta acción, según la CGR, demuestra un manejo cuestionable de fondos públicos y falta de transparencia.
El informe también señala que en octubre de 2024, el gobierno regional simuló una visita de una comitiva inglesa a ambos terrenos para dar la apariencia de una decisión técnica, cuando en realidad la decisión ya estaba tomada.
La Contraloría concluye que estas acciones constituyen un manejo cuestionable de fondos públicos y una falta de transparencia, justificando la determinación de responsabilidad penal para los funcionarios involucrados.