Puno, 10 de octubre 2026 – Ante las persistentes demandas de la comunidad estudiantil por mejoras en infraestructura, plana docente e investigación, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) desplegará su Plan de Supervisión 2026 en las casas de superiores de estudio del sur del país, con especial énfasis en las regiones de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Las acciones de control se llevarán a cabo mediante inspecciones presenciales inopinadas y auditorías documentarias en universidades públicas y privadas, a fin de constatar si las instituciones mantienen de forma permanente las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por ley.
EVALUACIÓN EN SEIS EJES CLAVE
Durante las intervenciones, los funcionarios de la SUNEDU auditarán seis componentes fundamentales del servicio educativo:
- Infraestructura y equipamiento: Verificación de laboratorios, talleres, recursos tecnológicos y bibliotecas acordes a las exigencias académicas de cada carrera.
- Plana docente y gestión: Calificación de los catedráticos, desarrollo continuo de las labores de enseñanza y una administración económica sostenible que garantice la continuidad académica.
- Investigación científica: Existencia de líneas de investigación activas, presupuesto ejecutado e incentivos para la publicación de proyectos docentes y estudiantiles.
- Servicios de bienestar: Funcionamiento efectivo de centros médicos primarios, atención psicológica, soporte deportivo y programas de responsabilidad social.
- Transparencia: Claridad en las tasas educativas, reglamentos internos e indicadores de rendimiento accesibles para el alumnado.
ENFOQUE FISCALIZADOR Y PREVENTIVO
Desde el organismo supervisor indicaron que las supervisiones buscan detectar oportunamente irregularidades o deficiencias que vulneren los derechos de los universitarios al momento de su formación profesional.
Por su parte, diversos gremios estudiantiles de la región Puno expresaron que fiscalizaciones de esta índole no deben limitarse a revisiones administrativas, sino derivar en sanciones efectivas contra aquellas instituciones que incurran en cobros indebidos o pretendan operar con infraestructura deficiente.