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Puno, 09 de setiembre 2026 – Un reciente estudio elaborado por Ipsos Perú para ComexPerú reveló que las fiscalizaciones tributarias se han consolidado como una de las principales trabas para el crecimiento del sector empresarial en el país. Según el informe titulado “Empresas y Estado: Diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, el 69% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) identifica a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) como la institución cuya supervisión genera el impacto más perjudicial en sus actividades diarias.

La investigación precisa que el malestar del sector privado responde principalmente al enfoque coercitivo y a la falta de predictibilidad en las inspecciones. Un 40% de las pymes percibe que las acciones de la Sunat poseen un carácter eminentemente sancionador, mientras que el 88% denuncia que los criterios e interpretaciones normativas de los fiscalizadores cambian con frecuencia durante las auditorías, incrementando los costos operativos y desincentivando la permanencia en el sector formal.

Asimismo, existe una alta disconformidad con el retorno de las contribuciones fiscales. El 77% de las pequeñas y medianas empresas sostuvo que los impuestos y aportes que pagan al Estado superan ampliamente el valor de los servicios públicos que reciben a cambio, evidenciando críticas severas hacia prestaciones como las de EsSalud.

El panorama se agrava en las grandes empresas, donde el 82% califica la gestión de las fiscalizaciones como su problema central ante el aparato estatal y un 47% critica la arbitrariedad en los criterios de los inspectores. Además, el estudio expone graves deficiencias de integridad y eficiencia en la administración pública: un 80% de las grandes corporaciones considera deficiente la interoperabilidad para evitar trámites duplicados y un 26% reveló haber recibido solicitudes de pagos informales o coimas en al menos una entidad estatal durante el último año.

Ante este diagnóstico, desde ComexPerú advirtieron que la presión tributaria no debe concentrarse únicamente en el universo de contribuyentes ya formalizados. El gremio instó al Ejecutivo a reestructurar los mecanismos de fiscalización hacia esquemas más transparentes y predecibles, orientando las acciones de control a la ampliación de la base tributaria y al combate de la informalidad.