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Puno, 04 de mayo 2026 – El caso del fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Puno, Pedro Martín Fernando Toledo Calero, dio un giro decisivo luego de que el investigado optara por acogerse al mecanismo de terminación anticipada, aceptando su responsabilidad en un hecho de corrupción vinculado a una inspección laboral.
Según la información policial y fiscal, Toledo fue intervenido en Juliaca en presunta flagrancia, tras ser denunciado por un empresario puneño, quien aseguró que el funcionario le exigió el pago de 6,000 soles a cambio de archivar un proceso derivado de una fiscalización. La intervención se realizó en la zona de La Capilla, en el domicilio del investigado, como parte de un operativo previamente coordinado.
De acuerdo con las diligencias, para concretar la captura se realizó un depósito controlado de 50 soles, lo que permitió evidenciar la presunta solicitud indebida de dinero. Fuentes policiales precisaron que, en este tipo de casos, basta la exigencia del pago para configurar el delito.
La denuncia inicial quedó registrada en un acta fiscal, donde se detalla que el investigado, en su condición de inspector de Sunafil, habría generado presiones durante el proceso de fiscalización laboral a una empresa en Juliaca, lo que motivó la intervención de las autoridades.
En el desarrollo del proceso, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno había programado una audiencia de prisión preventiva; sin embargo, el imputado decidió someterse a la terminación anticipada, reconociendo el delito de cohecho pasivo propio.
Como parte del acuerdo con el Ministerio Público, se le impuso una pena de cinco años de prisión, suspendida por un periodo de tres años, además de reglas de conducta como no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial, registrarse periódicamente ante el juzgado y no cometer nuevos delitos. Así mismo, se dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, el pago de una multa equivalente a 304 días y una reparación civil.
El documento judicial señala que el imputado firmó el acuerdo en presencia de su defensa, el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción, quedando pendiente la validación final por parte del juzgado.
Este caso expone una preocupante modalidad de corrupción en la que funcionarios aprovechan su rol fiscalizador para exigir pagos indebidos a empresarios, bajo amenaza de sanciones administrativas, afectando la confianza en las instituciones y el desarrollo de la actividad formal en la región Puno.