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Puno, 24 de marzo 2026 – El coordinador del programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Yuri Mamani Hancco, informó que la menor que fue víctima de un grave hecho de violencia y que actualmente recibe tratamiento por quemaduras en la ciudad de Arequipa, permanece bajo custodia del Estado como medida de protección ante la situación de desprotección en la que se encontraba.

Según precisó, la Unidad de Protección Especial emitió una resolución administrativa que dispone su ingreso a un Centro de Acogida Residencial (CAR), donde quedará bajo resguardo estatal mientras continúan las investigaciones contra los presuntos responsables del caso. En ese contexto, el Estado asume actualmente su representación legal.

Mamani Hancco detalló que la menor continúa en proceso de recuperación en un establecimiento de salud, recibiendo atención médica especializada, así como acompañamiento psicológico y social por parte de las instituciones competentes.

Así mismo, destacó que se vienen garantizando todos sus derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la educación. Explicó que, a través del servicio educativo hospitalario, la menor podrá continuar con sus estudios mientras permanece internada, evitando así la pérdida del año escolar.

“El Estado tiene la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes. En este caso, se ha dispuesto su resguardo en un centro especializado, donde se garantizará su bienestar integral mientras avanzan las investigaciones”, sostuvo.

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA COMO FACTORES DE RIESGO

En otro momento, el funcionario advirtió que la discriminación en sus distintas formas continúa siendo un factor de riesgo en casos de violencia, ya sea por origen, procedencia, género o edad, lo que puede agravar la vulneración de derechos.

En ese sentido, exhortó a la población a denunciar cualquier hecho de violencia o discriminación a través de los canales disponibles como la Línea 100, los Centros de Emergencia Mujer y las comisarías.

Finalmente, remarcó que el Estado viene trabajando de manera articulada entre sectores como salud, educación, justicia y otras instituciones, a fin de garantizar una atención integral y oportuna a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.