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Puno, 06 de marzo 2026 – El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra un fiscalizador municipal de la ciudad de Juliaca, investigado por presuntamente solicitar dinero a propietarios de un establecimiento para evitar sanciones administrativas durante un proceso de fiscalización.
Se trata de Jesús Huertas C., quien es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio. La medida fue dispuesta luego de que el Ministerio Público presentara diversos elementos que lo vincularían con la solicitud reiterada de dinero a cambio de no aplicar sanciones correspondientes a su función.
Según las investigaciones, el hecho inicial habría ocurrido el 3 de febrero de 2026, alrededor de las 18:30 horas, cuando el funcionario se presentó en un establecimiento que brinda servicios de video cine. Durante la intervención, habría solicitado la suma de 500 soles a los propietarios para no levantar un acta ni imponer una multa, pese a que el local no contaba con licencia de funcionamiento.
De acuerdo con la versión fiscal, tras recibir el dinero, el fiscalizador habría indicado a los dueños del negocio que regresaría al mes siguiente y que se comunicaría previamente por teléfono, sugiriendo que el pago debía realizarse de manera periódica para evitar nuevas sanciones.
Las pesquisas también señalan que el 2 de marzo de 2026 el investigado volvió a contactar a los propietarios del establecimiento mediante mensajes de WhatsApp para recordarles que “ya les toca su mensualidad”, en referencia al pago que presuntamente había sido acordado anteriormente.
Un día después, el 3 de marzo, volvió a comunicarse con ellos para coordinar la entrega del dinero, planteando inicialmente una reunión para las cinco de la tarde. Sin embargo, el encuentro no se concretó en ese momento y posteriormente el funcionario envió otro mensaje indicando que se reunirían al día siguiente por la mañana.
El 4 de marzo, cerca de las 11:00 horas, el fiscalizador acudió nuevamente al local y habría reiterado la solicitud de 500 soles, señalando que el pago permitiría evitar la imposición de actas o multas por la falta de licencia municipal.
Durante la audiencia judicial, el Ministerio Público presentó diversos elementos de convicción que, según su tesis, demostrarían que el investigado habría solicitado pagos a propietarios de establecimientos comerciales a cambio de omitir acciones propias de su labor de fiscalización.
Tras evaluar la información expuesta, el juzgado declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, por lo que el investigado permanecerá recluido mientras se desarrollan las investigaciones.
La Fiscalía no descarta que existan otros negocios que habrían sido afectados por un presunto esquema similar, por lo que las diligencias continúan para determinar si hay más casos vinculados a este hecho.