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Puno, 19 de enero 2026 – La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno (EMSA Puno) se encuentra nuevamente bajo la lupa. La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico que supera el millón cien mil soles, originado por el pago irregular de beneficios y bonificaciones a funcionarios que ocupaban cargos directivos y de confianza, durante los años 2021 y 2022.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 093-2025-2-0463, estos pagos se realizaron en el marco de convenios colectivos que, por norma, no debían beneficiar a este tipo de personal. Sin embargo, los beneficios fueron extendidos de manera indebida, generando un uso irregular de los recursos de la empresa municipal.
El documento señala que funcionarios de EMSA Puno aprobaron y ejecutaron estos convenios sin respetar las restricciones legales vigentes, permitiendo que directivos y personal de confianza accedan a pagos que estaban expresamente prohibidos para su condición laboral. Incluso, se detectó que algunos de ellos mantuvieron su afiliación sindical, pese a no corresponderles.
La auditoría también advierte que las planillas fueron autorizadas sin contar con informes técnicos ni legales suficientes, lo que impidió identificar a tiempo las exclusiones establecidas por ley y afectó seriamente la correcta administración de los fondos públicos.
Como consecuencia de estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en siete funcionarios y servidores, motivo por el cual el informe fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y a la propia empresa, para que se adopten las acciones legales y administrativas correspondientes.
El caso vuelve a poner en cuestión el manejo interno de EMSA Puno y abre un nuevo frente de investigación sobre el uso de recursos públicos en la empresa de saneamiento.