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Puno, 29 de diciembre 2025 – La Región Policial Puno emitió un pronunciamiento oficial tras el grave hecho delictivo ocurrido el 25 de diciembre en el distrito fronterizo de Desaguadero, donde un efectivo policial de la comisaría local se vio implicado en un ilícito penal que hoy es materia de investigación judicial y administrativa.

En su comunicado, la institución policial señala que repudia de manera tajante los actos de inconducta funcional vinculados a delitos cometidos por personal policial. Sin embargo, este rechazo público llega en medio de cuestionamientos ciudadanos, luego de que salieran a la luz evidencias que comprometen no solo al suboficial detenido, sino también a otros agentes que habrían tenido conocimiento de lo ocurrido antes de que se actúe formalmente.

La Policía informó que, tras conocerse el hecho, se dispuso la intervención inmediata con participación del Ministerio Público y que fue el propio personal de la Comisaría de Desaguadero el que procedió con la detención del efectivo implicado. No obstante, este punto resulta clave en la controversia, pues las investigaciones y registros audiovisuales conocidos previamente han puesto en duda la rapidez y transparencia con la que se manejó el caso en sus primeras horas.

Producto de las diligencias realizadas por la Unidad de Protección Contra el Robo de Vehículos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero dictó seis días de detención preliminar contra el policía involucrado, mientras que la Inspectoría Regional de Puno abrió un proceso administrativo por infracción muy grave y dispuso su suspensión temporal del servicio.

Uno de los anuncios más relevantes del pronunciamiento policial es la decisión de cambiar a todo el personal de la Comisaría PNP Desaguadero. Según se informó, este relevo se ejecutará de manera progresiva y tiene como objetivo, según la versión oficial, fortalecer la confianza de la población y la imagen institucional en una zona considerada estratégica por su condición de frontera.

Este anuncio, lejos de cerrar el caso, refuerza la gravedad de lo ocurrido, pues evidencia que el problema no se limita a un solo efectivo, sino que ha obligado al alto mando policial a tomar una medida extrema que rara vez se adopta si no existen indicios de fallas estructurales o posibles responsabilidades compartidas.

Finalmente, la Región Policial Puno reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, el caso de Desaguadero vuelve a poner en debate la capacidad de control interno dentro de la Policía y la urgencia de que las investigaciones alcancen a todos los responsables, sin excepciones ni discursos defensivos.