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Perú, 24 de diciembre 2025 – Una reciente disposición del Gobierno central que obliga a motocicletas y mototaxis a portar una nueva placa con chip de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) viene generando crecientes cuestionamientos, debido a la ausencia de infraestructura para su lectura, el incremento de costos para los usuarios y la existencia de un solo proveedor autorizado a nivel nacional.
Desde el pasado martes 17, las unidades menores nuevas deben circular con placas de mayor tamaño, fondo blanco, letras negras y un chip incorporado. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la medida busca reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, facilitando la identificación de vehículos involucrados en delitos, especialmente aquellos cometidos con motocicletas.
Sin embargo, especialistas y usuarios advierten que el componente tecnológico carece de sustento operativo. En el país no existe, ni ha existido durante más de una década, una red de lectores RFID que permita aprovechar la información contenida en los chips. En la práctica, el dispositivo no puede ser utilizado por la Policía ni por otras entidades fiscalizadoras, lo que pone en duda su efectividad real.
A esta limitación se suma el encarecimiento de las placas, cuyo costo se eleva debido a la incorporación del chip. Además, en el mercado solo existe una empresa autorizada para su fabricación, situación que configura un monopolio que no estaría logrando atender oportunamente la demanda ni cumplir los plazos establecidos.
La norma ya se encuentra vigente, pero el sistema que debería respaldarla no responde. Mientras el Estado exige el cumplimiento obligatorio, los usuarios enfrentan retrasos, mayores gastos y el riesgo de ser sancionados pese a no contar con alternativas reales para adecuarse a la disposición.
Especialistas advierten que imponer una obligación sin capacidad operativa ni oferta suficiente puede derivar en sanciones arbitrarias, fomentar la informalidad y generar mayor desorden, contradiciendo el objetivo de fortalecer la seguridad y el control vehicular en el país.