info@punosinfiltro.oriz.pe
Puno, 16 de diciembre 2025 – Por segundo día consecutivo, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizaron una protesta en la ciudad de Puno en rechazo a la detención de cuatro agentes penitenciarios, acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos de presuntamente torturar a un interno del penal de Puno. Los manifestantes denunciaron presuntas irregularidades en la actuación fiscal, vulneración del debido proceso y advirtieron que, de no obtener una respuesta concreta de las autoridades, el sindicato penitenciario podría iniciar una huelga nacional.
La jornada de protesta se desarrolló inicialmente en los exteriores de la Corte Superior de Justicia y luego en otras sedes públicas, donde los trabajadores calificaron la detención como coercitiva, abusiva y desproporcionada. Sostuvieron que la medida se habría dispuesto sin una investigación previa exhaustiva ni las garantías necesarias para que los agentes involucrados ejerzan su derecho a la defensa.
Fulvio César Olguín, servidor penitenciario y supervisor de grupo en el establecimiento penal de Puno, informó que los cuatro trabajadores continúan detenidos en la comisaría de San Martín de Juliaca, imputados por el presunto delito de tortura. Según indicó, la Fiscalía de Derechos Humanos sustenta la acusación en la declaración de un interno que habría denunciado una agresión ocurrida alrededor de las 21:00 horas al interior del penal.
No obstante, el representante del INPE negó esta versión y aseguró que, conforme al reglamento de seguridad penitenciaria, a esa hora rige el encierro general, por lo que ningún interno puede transitar ni ser retirado de su ambiente. Añadió que no existirían registros fílmicos ni otros medios probatorios que acrediten una agresión dentro del establecimiento penitenciario.
Así mismo, señaló que el Ministerio Público habría otorgado mayor peso a la versión del interno, pese a que —según afirmó— no se habrían encontrado signos de tortura, lesiones recientes u otras evidencias médicas que respalden la denuncia. Indicó además que el certificado del médico legista señalaría que el interno ingresó al penal con lesiones previas, producto de una agresión sufrida antes de su internamiento.
De acuerdo con la versión de los trabajadores, el interno habría sido retenido y golpeado por pobladores y personal de serenazgo tras ser acusado de delitos graves, y posteriormente intervenido por la Policía, circunstancias en las que se habrían producido las lesiones registradas.
Los manifestantes denunciaron que, hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del Ministerio Público ni del Poder Judicial frente a los cuestionamientos planteados por la defensa de los agentes detenidos. En ese contexto, advirtieron que, de persistir lo que consideran una vulneración de los derechos de los servidores penitenciarios, la medida de protesta podría radicalizarse y derivar en una huelga indefinida a nivel nacional.