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Puno – La reciente visita de Keiko Fujimori y otros representantes del fujimorismo a la región Puno viene generando un fuerte rechazo en una localidad que mantiene vivo el recuerdo de los conflictos sociales de 2022 y 2023.
El fujimorismo, principal aliado político de la presidenta Dina Boluarte en el Congreso, ha sido cuestionado por su papel durante las protestas que dejaron más de 60 fallecidos. Desde sus filas se defendió la intervención militar y se emitieron declaraciones que minimizaron la gravedad de los hechos, como las del actual primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien llegó a comparar a menores fallecidos en Puno con «sicarios».
La visita de los representantes fujimoristas busca consolidar a Puno como plataforma para sus aspiraciones políticas, ignorando según analistas el profundo malestar que persiste en la población local. Las heridas de las familias afectadas durante las protestas aún permanecen abiertas, y la impunidad sobre estos casos sigue siendo un tema pendiente.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos recordaron que Puno fue una de las regiones más golpeadas durante la crisis política, y que el apoyo legislativo del fujimorismo al gobierno actual ha impedido investigaciones más profundas sobre las muertes ocurridas durante las manifestaciones.
La llegada de la delegación fujimorista se da en un contexto donde la población puneña mantiene vigentes sus demandas de justicia y verdad sobre los sucesos de los últimos años.