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Puno, 04 de agosto del 2025 – El gerente general del Gobierno Regional de Puno, Óscar Macedo Cárdenas, negó categóricamente haber incurrido en el presunto delito de cohecho, tras la denuncia formulada por el obispo de Juli, Ciro Quispe López, que derivó en una diligencia fiscal en su despacho la semana pasada. Macedo Cárdenas calificó la acusación como una «patraña miserable» y anunció que tomará acciones legales contra el prelado una vez que el caso sea archivado.
«Esto es una infamia horrible. Han ido al Ministerio Público a narrar un hecho que nunca ocurrió. Una denuncia calumniosa también está tipificada en el Código Penal, y voy a hacer valer mis derechos apenas este caso se archive”, señaló Macedo Cárdenas.
La denuncia estaría relacionada con presuntos actos irregulares en la renovación del contrato de alquiler del local que ocupa actualmente el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Puno. Según explicó el funcionario, no se suscribió el convenio para este año debido a la falta de representación legal entre los copropietarios del inmueble: Sicuani, Ayaviri y Juli. Agregó que toda la documentación fue entregada a la fiscalía y que el presupuesto de 600 mil soles destinado al COAR se encuentra registrado en la Dirección Regional de Educación.
Oscar Macedo aclaró que nunca se solicitó dinero al obispo ni se incurrió en ninguna irregularidad. Precisó que un memorial presentado por los padres de familia del Colegio de alto Rendimiento (COAR) propuso que parte del pago por alquiler (10 mil soles) se destine al mantenimiento del local, dentro de un posible nuevo contrato que elevaría el monto mensual de 35 mil a 40 mil soles. “Eso no configura ningún delito”, afirmó.
El gerente también denunció que la intención detrás de estas acusaciones sería desprestigiarlo públicamente y generar inestabilidad en su gestión. “Pensaron que con esto iba a cesar en mis funciones. Me han hecho daño, sobre todo a nivel de redes sociales. Detrás de uno hay familia”, lamentó.
Macedo anunció que se pondrá en contacto con el Nuncio Apostólico, representante del Papa en el Perú, para poner en conocimiento los hechos y solicitar que se designe un representante legal con quien formalizar un contrato legítimo y transparente para el uso del local del COAR.
Finalmente, confirmó que el Gobierno Regional de Puno está evaluando alternativas para reubicar a los más de 300 estudiantes del COAR. Indicó que hay propuestas de infraestructura por parte de los padres de familia y de la Municipalidad distrital de Chucuito, las cuales serán analizadas por una comisión.
“Mientras actuemos con legalidad e integridad, no tenemos ningún problema. Es la forma en que venimos trabajando”, concluyó.